• Más de 70 organizaciones ambientalistas, sociales y de campesinos e indígenas venían reclamando al gobierno la firma del decreto reglamentario.
• También adjudicaron la gravedad del desastre causado por el alud en Tartagal a los desmontes y la tala.
• Ahora que la Ley de Bosques está reglamentada, será fundamental que las provincias la apliquen correctamente y a la mayor brevedad para superar los impactos sociales y económicos de la deforestación, coinciden.
La destrucción de los bosques aumenta el escurrimiento hídrico, la erosión y la sedimentación. El agravamiento de inundaciones y aludes es bien conocido en todo el mundo luego de los desmontes. La imagen en Tartagal es elocuente. Foto Greenpeace / Julio Pantoja.
Entre septiembre de 2004 y diciembre de 2007, el gobierno de Juan Carlos Romero aprobó pedidos de desmonte por 807.509 hectáreas, la mayoría en el Chaco salteño; la mitad de estos permisos fueron otorgados a fines del 2007, días antes de que la Ley de Bosques fuera aprobada.
En diciembre pasado, la Corte Suprema había ordenado la suspensión de los desmontes cuyas autorizaciones hayan sido extendidas a partir del último trimestre de 2007, ya que desde ese entonces “se habría verificado un abrupto incremento en los pedidos”, coincidente con la ya previsible aprobación de la Ley de Bosques en el Congreso –la que finalmente se sancionó el 28 de noviembre de ese año.
El 13 febrero 2009.- en la residencia presidencial de Olivos el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, anunció la firma de la reglamentación de la ley nacional de presupuestos mínimos de Protección de los Bosques Nativos, a la que consideró una iniciativa para "la defensa de la riqueza forestal".
A su vez, la presidenta señaló que una inversión de 159 millones de pesos estará destinada a viviendas en la localidad salteña de Tartagal, que sufrió esta semana un alud que destruyó cientos de casas. En tanto, destacó que el Estado nacional destinó un total de 103 millones de pesos en ayuda asistencial para paliar el desastre causado por el aluvión de agua y lodo que se abatió sobre esa ciudad de la provincia de Salta –justamente una de las señaladas por los ambientalistas y la opinión pública a causa de los desmontes a gran escala.
Significativamente la firma del decreto reglamentario se produce pocas horas después del desastre hídrico en Tartagal, capital del “Chaco salteño” y, coincidentemente, uno de los epicentros de la expansión sojera y de la frontera agrícola en el noroeste del país.
Fuente:proteger.org.ar
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